El secretario de Comercio Interior de la Nación se reunirá con representantes de los inquilinos y las inmobiliarias para analizar las posibles modificaciones.

  Se propondría que los contratos vuelvan a ser de dos años y que el ajuste sea pactado entre las partes como ocurría antes de la última ley.

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Este jueves, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, mantendrá una reunión con miembros del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) y representantes de los inquilinos para analizar posibles soluciones a la reducción de la oferta en el mercado de alquileres, que se produjo a partir de la implementación de una nueva ley, a mediados de 2020.

Si bien desde ambas partes comparten la preocupación porque se redujo considerablemente la cantidad de propiedades en alquiler -lo que no sólo reduce las opciones, sino que eleva los precios-, las miradas son muy diferentes. Las asociaciones de inquilinos consideran que un impuesto a los inmuebles vacíos podría incentivar que los propietarios vuelvan a alquilar las viviendas que decidieron llevar al mercado de compra-venta. En cambio, los corredores inmobiliarios opinan que se debería implementar un beneficio impositivo a quienes pongan en alquiler casas o departamentos.

Estanislao Puelles Milán, uno de los integrantes del Cofesi que participará de la reunión con Feletti, resaltó que por primera vez los han citado desde el gobierno nacional para conocer su mirada del mercado. Esto no sucedió, aclaró, antes de aprobar la ley de alquileres, en 2019. Por eso, destacó que es una oportunidad para explicar por qué se han puesto en venta tantas propiedades que antes se alquilaban; lo que, además, ha generado un sobrestock de inmuebles para vender.

En cuanto a la propuesta que llevarán, Puelles Milán detalló que, para que el mercado de alquileres recupere parte de las viviendas que perdió, se necesita volver al contrato por dos años –y no tres, como estableció la nueva ley-, e implementar un sistema de actualización semestral, en lugar de anual, del canon mensual.

En cuanto a la fórmula de actualización automática que estableció la normativa, que combina en un 50% la evolución de los salarios (Ripte) y en 50% la de los precios (inflación), manifestó que se podría mantener este índice o retomar el acuerdo entre las partes. Es que, hasta que empezó a regir la nueva ley, los contratos se estaban actualizando con un 35% de variación anual –o su equivalente semestral-, mientras que el sistema actual ha estado arrojando ajustes por encima del 50% interanual.

El corredor inmobiliario planteó que el problema no es tanto la actualización como el precio inicial de los alquileres, que se elevó por la falta de oferta. Esto se evidencia, apuntó, por el hecho de que, antes, una propiedad podía estar dos o tres meses en el mercado hasta alquilarse, mientras ahora no suele pasar de las 48 horas. Además de que no hay demasiadas opciones para elegir.

Puelles Milán indicó que, a diferencia de lo que piden las asociaciones de inquilinos, desde el Cofesi proponen un sistema de beneficios impositivos –que podría ser nacional o provincial- para los propietarios que demuestren tener sus inmuebles alquilados. Por un lado, explicó, que sería complejo determinar si una propiedad está vacía porque está en sucesión o el dueño se fue de viaje un par de meses, y sumó que los impuestos se trasladan al consumidor.

Y por otro, planteó que la obligación de declarar los alquileres ante AFIP (también establecida por la nueva ley), fue otro factor que propició el retiro de viviendas del mercado locativo y que varios contratos no se sellen –sólo se registra la firma- pare evitar la registración ante el organismo recaudador.

El beneficio impositivo para los propietarios de inmuebles alquilados, añadió, podría favorecer la inversión en construcciones para poner luego en alquiler, como suele suceder con quienes invierten en pozo; algo que asegura que se ha frenado notablemente.

 

 

Fuente: La Nación