Por mayoría, se aprobaron modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

  Se penará con 15 días de arresto a las aglomeraciones que causan daño. Desde la oposición señalaron que la medida es “marketinera”

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En la jornada de ayer, y por mayoría, se aprobó en la Legislatura Unicameral cambios en el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

Entre otras modificaciones sancionadas, ahora se penarán las aglomeraciones de más de 3 personas, que causen daño o amenazas, pasando de 3 a 15 días de arresto, según la reforma realizada.

Estos cambios se introdujeron para poder controlar la problemática de las hordas de motos y por los robos en masa.

La reforma al Código de Convivencia surgió a partir del planteo que hizo el diputado nacional Carlos Gutiérrez, quien propuso darles a la Policía y a la Justicia las herramientas para que actúen ante grupos organizados que atentan contra la paz social de los ciudadanos.

“Por ejemplo, si hay cuatro o cinco personas caminando o en moto, con una conducta que pasa a ser agresiva para el resto de la comunidad, hay que generar el mecanismo para que se las pueda detener y ponerlas a disposición de la Justicia”, explicó el Diputado en Diario Puntal.

La iniciativa de Hacemos por Córdoba se aprobó con 55 votos a favor y 11 en contra.

La oposición, representada por algunos legisladores radicales y de izquierda, señaló que las modificaciones son “marketineras” y por eso votaron en contra.

Los principales cambios son los siguientes:

– Se incorporan las figuras de acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública y privada.

– Las faltas se sancionan con 20 días de trabajo comunitario, 30 unidades de multa o 15 días de arresto.

– Esto puede verse agravado cuando haya situaciones en las que se incite a personas a través de las redes sociales o a menores de edad.

– También cuando lo hacen a través de motos, como los casos de los motochorros y de las hordas de motos.

– El objetivo de la reforma es dar operatividad a las sanciones de los jueces y de las fuerzas de seguridad.