Las entidades agropecuarias emitieron un comunicado en el que consideraron que la decisión judicial es “arbitraria” y “desproporcionada”. La acusación es por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo de 2008.

Tras conocerse una decisión judicial por la cual procesaron a dirigentes agropecuarios por las protestas desarrolladas en 2008 en contra de la Resolución 125, la Comisión de Enlace emitió un comunicado cuestionando la medida dictada por el juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo.

También la ex diputada Margarita Stolbizer está entre los imputados en la causa que investiga un entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes de tierra. Junto a esa medida, les trabaron embargos por 50 mil pesos.

Entre los dirigentes procesados se encuentran Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

Además, fueron procesados: Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

Mensaje de las entidades

Las entidades agropecuarias emitieron un mensaje con apoyo a los dirigentes alcanzados por la resolución judicial y cuestionando el dictamen.

“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifiesta su apoyo irrestricto a los dirigentes procesados por haber realizado un acto pacífico en el marco del conflicto del campo contra la Resolución 125 en 2008”, indicaron.

“Asimismo, hacemos saber que cada entidad está apoyando jurídicamente a sus dirigentes para apelar la medida de procesamiento dictada, en la firme convicción de que se trata de una decisión arbitraria y desproporcionada”, agregaron en el comunicado.

“Resulta incomprensible que, casi 12 años después, se hostigue judicialmente a un puñado de dirigentes reconocidos por su apego a la legalidad, la institucionalidad y la protesta pacífica, por el simple hecho de haberse manifestado públicamente en el marco de la serie de protestas que se extendieron por todo el país e incluyeron diversos sectores de nuestra sociedad”, reprocharon.

“En este sentido, cabe destacar que esas manifestaciones (en ejercicio del derecho constitucional que las ampara) en nada difieren de las miles de protestas sociales que se han sucedido a lo largo de estos años, que no han sido judicializadas ni criminalizadas”, puntualizó el texto de la Comisión de Enlace.

“Los productores agropecuarios se han caracterizado siempre por buscar la paz, el diálogo y la conciliación. Apelamos al sentido común de los funcionarios judiciales intervinientes para que aborden los hechos referidos con sensatez y criterio, despojándose de ideologías y revanchismos”, concluyó.